Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro...

 
Moreno, 10 de octubre 2023


El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Moreno, a partir de la iniciativa del Consejero Estudiantil Camilo Martínez conjuntamente con el Centro de Estudiantes de esta Universidad, expresa su profunda preocupación por las declaraciones del candidato a presidente Javier Milei en de los debates presidenciales obligatorios establecidos por ley. Sus declaraciones encierran un gran peligro para la democracia argentina.

En dicho debate, el citado candidato Milei reivindicó la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar, desconociendo deliberadamente el proceso de juzgamiento de los crímenes cometidos.

Lo que ocurrió en la Argentina entre los años 1976 y 1983 no fue una guerra entre argentinos. La dictadura cívico-militar argentina llevó adelante un plan sistemático de exterminio de personas y disciplinamiento social en dos fases. Primero con la destrucción de la identidad nacional de los perseguidos (“la subversión, el cáncer a exterminar”) en un proceso de hostigamiento y persecución; y en segunda instancia, con el intento de destrucción total del grupo perseguido.

Este proceso se realizó con el macabro establecimiento de cientos de Centros Clandestinos de Detención controlados por agentes del Estado para llevar adelante torturas; asesinatos, desapariciones forzadas; violaciones sistemáticas de mujeres, “vuelos de la muerte”, a través de los cuales se arrojaron personas vivas desde aviones a ríos y mares; robos de propiedades y bienes a los perseguidos; apropiaciones de hijos de mujeres que dieron a luz durante sus secuestros,  entre otros crímenes aberrantes.

Todo este plan siniestro fue expuesto y juzgado como delito de lesa humanidad durante el período de vigencia del Estado de Derecho, a partir del impulso y las denuncias de familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos bajo el pedido de Memoria, Verdad y Justicia, durante más de 40 años.

Por su parte, el ataque y el cuestionamiento a la cifra establecida de 30.000 detenidos desaparecidos tiene un objetivo político: el de restarle entidad y gravedad a las violaciones de derechos humanos que han cometido agentes estatales durante la última dictadura. Dicha cifra de 30.000 da cuenta del conjunto de personas secuestradas, desaparecidas, asesinadas, sobrevivientes, y niños y niñas apropiados en dicho proceso genocida. Número que aún continúa abierto, a la luz de los resultados de denuncias, investigaciones y juzgamientos que viene llevando adelante la justicia argentina.

Por ello, en concordancia con las víctimas, sobrevivientes y sus familiares y organismos de derechos humanos este Consejo Superior expresa: son 30.000 y fue un genocidio.

Por último, deseamos señalar que la reivindicación de estos hechos aberrantes por parte de un candidato a Presidente de la Nación, es de suma gravedad institucional y constituye una verdadera amenaza para la democracia, la dignidad y la libertad de todo el pueblo argentino.